EL ABORTO, UN DERECHO.

El pasado 4 de septiembre la ministra de Igualdad, Bibiana Aído anunciaba en rueda de prensa que el gobierno elaborará una nueva ley del aborto que podría estar lista para finales de 2009. La nueva normativa sustituirá a la aprobada en 1985. Distintas fuentes apuntan a que el PSOE prepara una ley que recogerá plazos (hasta determinada semana de gestación) y supuestos (a partir de ese límite).
El movimiento feminista, que siempre ha tenido como una de sus banderas la defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre todos los aspectos de su sexualidad, lleva desde hace décadas peleando para que por fin el aborto deje de ser considerado un delito recogido en el Código Penal; ahora parece que por fin, -después de incumplir su programa electoral del 2004- el Partido Socialista se va a atrever a cambiar una legislación represiva, timorata y conservadora; la nueva ley llegará (si es que lo hace) con muchos años de retraso.
En cualquier caso, precisamente ahora menos que nunca se debe de bajar la guardia porque la movilización sigue siendo necesaria y los colectivos de mujeres son plenamente conscientes de ello. Hay al menos dos motivos de peso: el primero es que la derecha política y social hará su propia campaña con manifestaciones (Rouco mediante) incluidas para tratar de tumbar la norma o al menos aligerar su contenido; el segundo es que no conocemos con seguridad los planteamientos que va a presentar el gobierno y por tanto la presión se torna imprescindible para lograr que la ley sea lo más avanzada posible.
Las organizaciones feministas tienen muy claro que la normativa que se apruebe debe incluir algunos aspectos irrenunciables:
1) Salida del aborto del Código Penal para pasar a ser regulado como el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y decidir sobre su maternidad.
2) Que la decisión personal de la mujer, (motivada por circunstancias que sólo le incumben a ella y sin injerencias ni juicios de tercer@s) sea la causa exclusiva para la interrupción del embarazo.
3) La cobertura en la red hospitalaria y extrahospitalaria pública garantice que cualquier regulación que se establezca acerca de la objeción de conciencia no impedirá bajo ningún concepto, que en todos los centros públicos existan l@s profesionales necesarios para atender las demandas de aborto de las mujeres; sólo la cobertura pública asegura la universalidad de este derecho. Se debe garantizar también la posibilidad de elección entre los métodos de interrupción del embarazo quirúrgicos y farmacológicos (píldora RU-486).
Por tanto, estamos hablando de la despenalización total del aborto, del derecho a decidir por parte de las mujeres y de la gratuidad para ejercer ese derecho.
Si la ley futura se considera aceptable por parte del movimiento feminista se habrá conseguido una victoria más en la larga lucha de las mujeres por su liberación pero el combate continuará para lograr que algún día la de género - junto a todas las demás formas de opresión - sea arrojada al basurero de la historia. Las mujeres y los hombres de Espacio Alternativo estaremos en primera línea en esa(s) batalla(s).